Se creará un fondo concursable para financiar propuestas de microemprendimientos presentadas por personas mayores de 45 años que tengan un mínimo de 10 años de trabajo en el sector formal.

Promoveremos la incorporación al programa de viviendas para jubilados de una línea específicamente dirigida a adultos mayores con discapacidad.

Reconocimiento por parte del MEC de los programas de formación que existen dentro de SODRE. Los egresados de las Escuelas del SODRE no reciben ninguna titulación con validez internacional.

Reglamentar la ley que crea el Centro y Archivo del Diseño Gráfico, aprobada en agosto 2018. Otorgarle estatus de museo abierto al público.

Se creará un registro de artistas de trayectoria que estén dispuestos a acompañar en calidad de mentores a artistas jóvenes que practiquen su misma disciplina.

Impulsaremos, en coordinación entre el MEC e INEFOP, un área de estudio de luthiería y formación de luthiers.

Exigir como condición para la práctica federada de cualquier deporte antes de los 18 años, así como para firmar contratos de carácter profesional, la asistencia regular y controlada a un instituto de educación formal.

Crear un Plan Nacional de Becas Deportivas, que premie la excelencia y facilite el acceso de jóvenes talentos a los Programas de Alto Rendimiento.

Impulsar el desarrollo de Programas de Alto rendimiento, dirigidos a deportistas que participen o aspiren a participar en competiciones de alto nivel.

Crear un Consejo Superior de Deportes que dependerá de la Secretaría Nacional del Deporte.

Promover la creación de una Secretaría Nacional de Discapacidad.

Promover el uso del Braille en las bibliotecas públicas y privadas, y se incorporará una sección específica en la Biblioteca Nacional.

Crear, en el marco de lo dispuesto por la Ley 18.651, un programa de residencia asistida para personas con discapacidad que carezcan de apoyo familiar.

Aplicación efectiva de los regímenes de cuotas para acceso laboral al Estado y otros mecanismos de acción afirmativa vigentes (Ley N° 19.122).

Creación de una Red de afrodescendientes referentes que fomente el ejercicio del liderazgo positivo.

Declarar al puerto de Montevideo sitio de memoria del tráfico de esclavos en el Río de la Plata.

Se creará un Comité de Expertos que proveerá los insumos para los cálculos del balance estructural, y un Consejo Fiscal Asesor que asesorará al Ministro de Economía y Finanzas en materia de política fiscal.

Introducir un descuento del IVA a la compra de productos de una canasta básica a definir para proteger al comercio en zona de frontera.

Rediseño de la gobernanza de ANEP, incluyendo en el CODICEN a los directores generales de los consejos desconcentrados.

Modificaciones a la Ley Orgánica de Udelar: Modificación de los incisos F y G del artículo 21 de la Ley N° 12.549 (Ley Orgánica de la Universidad de la República), trasladando al MEC.

Reformulación del concepto de libertad de cátedra incluido en el art. 11. de la Ley General de Educación

Eliminación de la obligación de convocar al Congreso Nacional de Educación (que pasaría a ser optativa).

Elaboración y aprobación de un nuevo marco curricular que abarque la educación desde 3 a 18 años, que incluya la educación por competencias.

Modificación y generalización del régimen de año sabático de perfeccionamiento docente. Podrán aspirar a este beneficio, cada seis años, los docentes efectivos con Grado 4 o superior.

Instrumentar, en coordinación con el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEEd) y las instituciones de educación terciaria, la prueba nacional de egreso de la enseñanza media.

Se elaborará un proyecto de ley de una Agencia Nacional de Acreditación Universitaria.

Renovación del sistema de inspecciones, sustituyendo las actuales inspecciones de asignatura y de centro por un régimen de auditoría pedagógico-organizacional, a cargo de un equipo multidisciplinario.

Creación de un programa en la órbita del MEC que financie hasta 150 becas de excelencia dirigidas a docentes en actividad, con una lógica similar a la del Sistema Nacional de Investigadores.

Creación, en el ámbito del MEC, de un programa de becas para estudiantes de formación docente, que estarán condicionadas a la escolaridad y exigirán como contrapartida el compromiso de trabajar una mínima cantidad de años en la docencia luego de haberse titulado.

Creación de un programa en la órbita del MEC que financie hasta 150 becas de excelencia dirigidas a docentes en actividad, con una lógica similar a la del Sistema Nacional de Investigadores.

Elaboración de un nuevo estatuto docente. Durante un período de transición, los actuales docentes podrán elegir entre acogerse al nuevo Estatuto o seguir en el actual. Quienes ingresen a la carrera docente, lo harán en el nuevo marco.

Crear un Sistema de Mentoría de Mujeres Profesionales o Técnicas que compartan su experiencia en escuelas y liceos.

Elaboración de una ley sustitutiva del proyecto de creación de la Universidad de la Educación (UNED), que otorgue rango universitario a la formación docente e integre los esfuerzos que hoy se realizan tanto en el sector público como en el privado.

Nos proponemos reubicar a la URSEA y a la URSEC en el organigrama institucional, eliminando su subordinación respecto del Poder Ejecutivo.

Se exigirá la elaboración y presentación de un Plan Anual de Compras por parte de cada entidad estatal.

Existirá una única Agencia de Compras Públicas, que surgirá de la fusión de la Unidad Centralizada de Adquisiciones (UCA) y la Agencia de Compras y Contrataciones del Estado (ACCE) bajo nuevas pautas regulatorias.

La remuneración de los empleados públicos pasará a incluir dos componentes: un sueldo básico que debe ser igual para cada nivel en la escala jerárquica y un adicional vinculado a la productividad individual y grupal.

Otorgar potestades sancionatorias a la Unidad de Acceso a la Información Pública creada por la Ley N°18.381, para los casos en que las empresas públicas no cumplan con los requisitos de transparencia existente.

Se instalará un procedimiento en tres pasos que incluirá una prueba de conocimientos eliminatoria, la evaluación a ciegas (sin conocer la identidad del postulante) de la “Declaración Jurada de Méritos” y una instancia de control posterior, durante la cual los tribunales podrán solicitar a los postulantes la documentación que acredite lo declarado bajo juramento.

Reactivar la línea de crédito en el BROU, inactiva en este momento, para financiar la implantación de bosques con una gracia total de intereses y amortización de hasta 10 años.

Quitar del régimen impuesto por el Art. 5 de la Ley Nº 18.756, de 26 de mayo de 2011, a los propietarios de inmuebles rurales adquiridos al Banco Hipotecario y la Sección Fomento Rural de Colonización, que devienen colonos por imposición de esa norma.

Modificar el Art. 1 la Ley Nº 15.605, con el fin de devolver a INAC las competencias de habilitación, registro y control de carnicerías y otros locales de comercialización de productos cárnicos en el interior.

Permitir que las compras realizadas por parte de contribuyentes del Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas (IRAE) a empresas que anteriormente se encontraban comprendidas dentro del régimen “Pequeña Empresa” puedan considerarse un gasto deducible.

Para los emprendedores que inicien una nueva actividad económica en el territorio nacional, y cuyas empresas estén catalogadas como micro o pequeñas empresas, se exonerarán los aportes jubilatorios patronales de los titulares y sus empleados durante los primeros 12 meses de actividad, para luego empezar a incorporarlos gradualmente.

Crearemos un calendario oficial de eventos de interés turístico, a partir del cual se organizarán actividades de difusión y de promoción.

Dar aprobación parlamentaria a un subsidio explícito para el desarrollo de Bella Unión, por la vía de poner a ALUR en condiciones de ser competitiva.

Estableceremos una red especializada de oficinas de turismo en el exterior, que operarán como órganos técnicos de las misiones diplomáticas de Uruguay (Consejerías de turismo en el exterior).

Incorporar los “Premios INJU”, dedicados a reconocer anualmente a jóvenes que destacan en algún tipo de actividad (cultural, deportiva, social, académica, etc.).

Crear un fondo concursable para financiar emprendimientos productivos y culturales impulsados por jóvenes. El programa funcionará en modalidad de incubadora e incluirá la participación de monitores adultos que asesoren y transmitan saberes durante el proceso.

Crear un Programa Nacional de Becas para jóvenes que incluya estudios regulares de demanda, una política sistemática de captación de apoyos institucionales y económicos, y la elaboración de criterios claros y transparentes para la selección de beneficiarios.

Promover que los planes de vivienda existentes y a crear (MEVIR, Plan Juntos, planes del Ministerio de Vivienda, ANV, etc.) reserven un mínimo de 10% de unidades para jóvenes de entre 18 y 30 años.

Crearemos un comité técnico formado por la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación y los prestadores de servicios de telecomunicaciones que utilicen numeración de telefonía móvil, a fin de alcanzar soluciones que faciliten que los usuarios de dichos servicios puedan cambiar de operador conservando el mismo número telefónico.

Creación de un sistema de “trenes de cercanías” para el transporte de pasajeros en el área metropolitana, abarcando las líneas que van a Empalme Olmos, Santa Rosa y Santa Lucia.

Construir intercambiadores a desnivel en los cruces de las rutas 5 y 102 (Colector Perimetral de Montevideo) y en las rutas 101 y 102.

Modificar el régimen de PPP (Ley N°18.786 y su reglamentación), con el fin de reducir plazos legales, eliminar superposiciones y costos burocráticos, aumentar los atractivos para invertir e incentivar un desempeño más ágil de los actores involucrados.

Creación de polos logísticos multimodales con conexión ferroviaria en los departamentos fronterizos de Rivera y Salto.

Transformar la actual Comisión Honoraria del Fondo de Fomento de Marina Mercante, creada por la ley N°14.650, en un órgano consultivo preceptivo en las políticas de fomento de marina mercante.

Se diseñará un nuevo Plan Maestro Logístico y Portuario (modificativo del actual), que diagnostique la realidad actual y proyecte una estrategia de mediano y largo plazo.

Aprobar una nueva ley de promoción del Sector TIC que esté basada en la devolución de impuestos en función de metas y resultados concretos, como es hoy la Ley de Promoción de Inversiones.

Se trabajará en un Plan de Uso y Manejo de Suelos que involucre a dueños de la tierra, arrendatarios, prestadores de servicio, proveedores de insumos, etc.

Poner en marcha un sistema de monitoreo permanente de calidad del agua, que permita identificar vulnerabilidades y generar capacidad de respuesta temprana ante episodios contaminantes.

Crear la especialización ambiental en la órbita judicial, como materia con alcance en todo el territorio, así como en la Fiscalía General de la Nación.

Lanzar un Programa de Formación de Negociadores Globales que asegure la especialización funcional y la capacitación constante de los funcionarios del servicio exterior.

Crear un Centro de Análisis Estratégico y Prospectivo donde no sólo trabajará personal diplomático sino también funcionarios provenientes de otras reparticiones públicas, académicos y representantes del mundo de la producción y del trabajo

Se impulsará un acuerdo multipartidario sobre grandes lineamientos para la definición de una Estrategia Nacional de Política Exterior

Incremento de la Asignación Familiar común hasta equipararla con la AFAM del Plan de Equidad.

Creación de un marco legal que garantice licencias especiales para padres o cuidadores con niños que padezcan enfermedades graves.

Crear el programa Todos Bajo Techo, para personas en situación de calle

Inclusión como meta asistencial del régimen de doble turno de los controles de recién nacidos, 4 meses, 6 meses, 12 meses, 18 meses.

Puesta en marcha de un plan nacional de profesionalización de enfermería que nos ponga en condiciones de generar en 5 años entre 4.000 y 5.000 nuevos enfermeros de nivel universitario.

Crear un Instituto Nacional de Salud Pública, en la órbita del MSP y en acuerdo con las universidades del país.

Desarrollar un programa de acompañamiento y certificación de la calidad asistencial, con la finalidad de asegurar la eficacia, efectividad y eficiencia básicas en las prestaciones y servicios de salud.

Poner en marcha, en articulación entre el MIDES y el MSP, un Plan Nacional de Adicciones y Salud Mental dirigido especialmente a adolescentes, que fortalezca al que ya funciona en el ámbito del MSP.

Creación de un sistema de urgencia y emergencia para las zonas rurales, que incluya la definición de puntos de atención de urgencia, y la disponibilidad de medios de transporte aéreo para la evacuación y traslado.

Duplicar el lapso máximo de privación de libertad para los menores autores de infracciones gravísimas a la ley penal, llevándolo a diez años (art. 91bis del Código de la Niñez y la Adolescencia).

Establecer la inexcarcelabilidad de todos los delitos previstos por la ley de estupefacientes (artículos 30 a 35 del Decreto Ley N° 14.294).

Reinstaurar el derecho al porte de arma al personal policial en situación de retiro, autorizando su intervención en situaciones de emergencia de seguridad, en forma voluntaria, dando cuenta de inmediato y formalmente a la autoridad policial.

Aprobar una Ley de Derribo de aeronaves en vuelo clandestino o irregular, definiendo hipótesis y protocolos de actuación, como instrumento esencial en la lucha contra el narcotráfico.

Crear y proveer 500 cargos de guardias penitenciarios, mediante la Ley de Presupuesto Nacional

Crear por la vía de Ley de Presupuesto un mínimo de seiscientos cargos para iniciar en 2021 los servicios de una Guardia Metropolitana en Montevideo, Canelones y San José.

Establecer como agravante especial del delito de encubrimiento (art. 197 del Código Penal), cuando éste refiera a alguno de los delitos previstos en el Decreto Ley N° 14.294 (ley de estupefacientes), rapiña (art. 344 del Código Penal), rapiña con privación de libertad (art. 344 bis del Código Penal), secuestro (art. 346 del Código Penal), aumentando en un tercio la pena aplicable.

(Porte de armas) Simplificación del registro y regularización de la tenencia y adquisición de armas de uso civil

Establecer el abuso de relaciones domésticas como agravante específica del delito de violación (art. 272 del Código Penal) y elevar la pena máxima para este delito a dieciséis años de penitenciaría.

Crear un Consejo de Política Criminal y Penitenciaria que integre a jueces, fiscales, policías, defensores, autoridades del sistema penitenciario y autoridades del sistema penal juvenil.

Excluir del régimen de salidas transitorias a los reincidentes en delitos de narcotráfico (arts. 30 a 35 del Decreto Ley N° 14.294), homicidio simple (art. 310 del Código Penal), homicidio agravado (art. 311 del Código Penal), homicidio muy especialmente agravado (art. 312 del Código Penal), 105 lesiones graves (art. 317 del Código Penal), lesiones gravísimas (art. 318 del Código Penal), rapiña (art. 344 del Código Penal), rapiña con privación de libertad (art. 344 bis del Código Penal), y secuestro (art. 346 del Código Penal).

Asegurar la presencia policial en los espectáculos deportivos, y atribuir el derecho de admisión y permanencia en los mismos en la autoridad policial.

Tipificar como agravante especial del delito de receptación (art. 350 bis del Código Penal) cuando el objeto del delito sea un arma de fuego.

Duplicar el lapso mínimo de privación de libertad para los menores autores de infracciones gravísimas a la ley penal, llevándolo a dos años (art. 116 del Código de la Niñez y la Adolescencia).

Introducir una presunción simple de legítima defensa a favor de los funcionarios policiales, cuerpo de Prefectura Nacional Naval, y guardias privados de seguridad armados, mediante la modificación del art. 26 del Código Penal.

Disponer la responsabilidad penal de los padres, tutores, curadores y guardadores por los hechos cometidos por los menores infractores.

Establecer un régimen progresivo de capacitación en el Instituto Universitario Policial, que amplíe el tiempo de instrucción a cuatro años, incluyendo la obtención del título de Licenciado en Seguridad Pública.

Construir una cárcel de máxima seguridad con capacidad de 150 plazas, para alojar a los infractores de alta peligrosidad.

Tipificar como homicidio muy especialmente agravado (art. 312 del Código Penal) de la muerte de cualquier trabajador en ocasión del desempeño de tareas propias de su trabajo o con ocasión de éstas.

Crear un organismo específico de atención al personal penitenciario civil y policial, a fin de asegurar la salud ocupacional del mismo, y en particular, la contención en situaciones de crisis y el tratamiento del estrés en cualquiera de sus formas.

Declarar formalmente la emergencia nacional en seguridad pública el 01/03/2020, a fin de iniciar el combate frontal al delito en todas sus modalidades.

Crear dos Subdirecciones de la Policía Nacional, una con competencia territorial en la zona metropolitana (Montevideo, Canelones, San José) y otra con competencia en el resto del territorio nacional.

Restablecer el convenio con UdelaR (extendiéndolo eventualmente a otras instituciones públicas y privadas) para efectivizar la Licenciatura en Seguridad Pública.

Crear un Servicio Penitenciario Nacional bajo la forma de servicio descentralizado, encargado de la elaboración y ejecución de la política penitenciaria.

Reestructurar a las unidades penitenciarias con capacidad superior a quinientas plazas, subdividiéndolas en espacios gestionables y acordes a las directrices internacionales en la materia.

Implantar un Sistema de Gestión de la Calidad en el Ministerio del Interior y en la Policía Nacional.

Tipificar como delito autónomo el uso de violencia o las amenazas dirigidas, en virtud de la actividad o en ocasión de la función, contra integrantes del Poder Judicial, del Ministerio Público y Fiscal, abogados, auxiliares de los tribunales, partes, testigos, o a cualquiera que, por imperio de la ley o de un interés público, actúe en un proceso penal

Incrementar las horas de clase a los guardias privados, cumpliendo como mínimo los requisitos leales.

Bloquear las señales de celular en las unidades penitenciarias, asegurando a la vez el pleno derecho a la comunicación de las personas privadas de libertad con el exterior por medios legalmente admitidos.

Establecer la licencia única de conductores, con criterios comunes para la definición de factores inhabilitantes (visión, audición, problemas neurológicos o de consumo de sustancias, etc.).

Regulación nacional y fiscalización de las academias de choferes. Elaboración de un plan de formación de formadores que incluirá mecanismos de acreditación para quienes están en actividad y cursos obligatorios para quienes se incorporan.

Desarrollo de un Plan Nacional de Fiscalización electrónica apoyado en el SUCIVE, que se complemente con la licencia de conducir por puntos.

Convocatoria a una comisión multipartidaria de expertos que deberá elaborar y presentar propuestas o alternativas para reformas paramétricas del régimen de jubilación por solidaridad intergeneracional administrado por el Banco de Previsión Social.

Derogar del Decreto 165/006 (REGULACION DEL DERECHO DE HUELGA. LIBERTAD SINDICAL. NEGOCIACION COLECTIVA)

Crear un Observatorio de Monitoreo de la actividad emprendedora, que haga un seguimiento sistemático de la dinámica empresarial y sus bases de gestación.

Creación de un Tercer Fondo en el régimen de ahorro individual obligatorio, de inversión en renta variable.

Elaborar y aprobar, con los apoyos más amplios posibles, una nueva Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo que se adapte a los nuevos desafíos.

Se extenderá el área de acción de MEVIR, de manera de incluir los centros urbanos, y se incorporará al Plan Juntos.

Regularización de asentamientos. Definir un conjunto de prestaciones básicas que deben ser aseguradas a los beneficiarios, incluyendo infraestructura vial, saneamiento, agua potable por cañería y conexión regular a la red de energía eléctrica.

Fortalecer el programa de Garantía de Alquileres del actual MVOTMA, dotándolo de 3,5 millones suplementarios por año.

Otorgar créditos menores con exoneraciones impositivas para reformas o ampliaciones edilicias en viviendas que carezcan de saneamiento, o en las que se viva en condiciones de hacinamiento.